Episodio del programa «¿Qué Opinas?«, producido en Colombia por dXmedio para el canal internacional HispanTV. En esta oportunidad, el programa busca la respuesta de algunos colombianos (vox populi) sobre la trampa estadounidense de la “descertificación” a Colombia.
La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos reaviva un viejo mecanismo de presión política disfrazado de evaluación técnica.
Esta medida, que afecta la soberanía nacional y tensiona aún más las relaciones bilaterales, revela la brecha ideológica entre ambos gobiernos y reabre el debate sobre la ineficacia, los intereses y la doble moral detrás de la llamada “guerra contra las drogas”.
Qué es la descertificación
El Gobierno de Estados Unidos ha «descertificado» a Colombia en la lucha contra las drogas.
Cada año, el presidente de Estados Unidos, bajo la Ley de Ayuda Exterior, emite un juicio sobre la cooperación de sus aliados en la lucha contra las drogas.
El proceso, conocido como «certificación», es una evaluación unilateral que puede llevar a la «descertificación» de un país si se considera que no cumple con las metas de Washington.
Lejos de ser un simple trámite técnico, es una herramienta de presión con profundas implicaciones políticas y económicas.
En vez de afrontar el consumo creciente, Estados Unidos dirige las acciones a perseguir y castigar a los productores, en general, poblaciones campesinas pobres de países como Colombia.
Razones detrás de la descertificación de Colombia y la medida estadounidense
Oficialmente, la descertificación se justificaría por el aumento en los cultivos de coca.
Diversos análisis, sin embargo, señalan que la medida es también un símbolo de la creciente brecha ideológica entre el actual gobierno colombiano y el de Estados Unidos.
La acción se interpreta como un mecanismo de presión para forzar a Colombia a retomar políticas de erradicación forzosa.
Un procedimiento que choca claramente con la estrategia de sustitución voluntaria que implementa el Gobierno colombiano.
Lo cierto es que la descertificación llega en momentos de máxima tensión entre ambos Estados.
Para muchos, se trata, en realidad, de una herramienta de presión política contra un gobierno que no sigue las «directrices imperiales».
El apoyo de la derecha a la descertificación pese a su impacto negativo para el país
Sectores de la oposición se han alegrado con la medida, y la ven como una herramienta para debilitar al presidente Petro.
Mientras el Gobierno y los movimientos populares denuncian la medida como una agresión, los opositores de la extrema derecha la celebran abiertamente.
Esta postura se alinea con una estrategia que busca capitalizar la presión internacional de cara a las elecciones de 2026, lo que agudiza las tensiones internas.
Políticos locales, en el afán de atacar a Petro, gestionaron una acción que daña al país.
La descertificación estadounidense, además, trae “gato encerrado”, como se dice coloquialmente.
O sea, aparte de injustificada, es tramposa.
La medida exalta la labor de las fuerzas militares, pero critica la política gubernamental, como si se tratara de dos componentes distintos.
Exculpa a unos, pero condena a Petro, lo que ratifica que la descertificación tiene un carácter tendencioso y meramente político.
Consecuencias tras la descertificación a Colombia
Colombia enfrentó la descertificación en 1996.
Entonces, se suspendieron ayudas bilaterales y se bloquearon préstamos de la banca multilateral.
La medida afecto al Gobierno de Ernesto Samper y tuvo consecuencias directas al restringir su política social.
Las autoridades estadounidenses afirman que mantendrán ahora los fondos a Colombia, pero los riesgos son similares.
El reto para Colombia es grande.
No solo lidia con la violencia y los problemas asociados a la producción y tráfico de estupefacientes, sino que, además, debe enfrentar las políticas unilaterales impuestas desde Washington.
Ofrecer alternativas dignas a quienes hoy dependen de lo ilegal es algo que castiga Estados Unidos.
Beneficiarios de la criminalización de las drogas
La «guerra contra las drogas» ha creado un complejo entramado de intereses.
No solo se benefician las grandes organizaciones criminales que prosperan bajo la prohibición.
En Estados Unidos, un enorme sistema carcelario y policial se alimenta de los miles de millones de dólares en fondos federales destinados a esta lucha.
A ellos se suman grupos de presión y empresas de seguridad privada que tienen un interés económico directo en que el modelo punitivo se mantenga sin cambios.
Los sistemas financieros y corporativos son otros de los grandes receptores de los fondos que origina esta errátil política.
Es decir, son los principales lavadores de capitales.
Al fin y al cabo, la visión punitiva, que si algo ha validado es su inutilidad, alimenta a las mismas mafias que plantea acabar.
Política antidrogas del Gobierno Petro
El actual Gobierno colombiano ha calificado el régimen internacional de control de drogas como un «fracaso».
En su lugar, propone una política centrada en el desarrollo y la paz total, no en la guerra.
Frente a la tradicional «guerra contra las drogas», Petro propone una «política de la vida».
El enfoque busca «oxigenar» a los campesinos que siembran hoja de coca con programas de sustitución, mientras se asfixia económicamente a las altas esferas del narcotráfico.
Es un cambio de paradigma que desafía décadas de una estrategia impuesta desde el exterior.
Posibles salidas y soluciones ante medidas unilaterales de este tipo
El mundo cambió desde que se creó la ley que permite la descertificación.
Colombia también es otra.
Esto obliga a pensar en nuevas formas de respuesta a los desafíos.
Medidas unilaterales como la descertificación plantean retos de soberanía, que refuerza la necesidad de los países para definir políticas propias.
El mundo actual es multipolar y la dependencia de décadas pasadas se debilita cada vez más.
La creciente influencia de otros actores globales, como China, seguramente, contribuyen a disminuir la efectividad de la certificación.
La herramienta de presión estadounidense abre la puerta a nuevas alianzas y estrategias diplomáticas.
¿Quién certifica o descertifica a EE. UU.?
Con la descertificación, Estados Unidos señala a otros países, y desvía la atención de su propia incapacidad para frenar el consumo.
El país que evalúa a otros enfrenta la peor crisis de drogas de su historia.
Desde 1999, más de un millón de personas han muerto por sobredosis en su territorio.
Solo en 2022, se registraron casi 108,000 muertes, la mayoría por opioides sintéticos, como el fentanilo.
Estas cifras convierten el consumo de drogas en un problema de salud pública de primer orden, y cuestiona la autoridad moral para juzgar a otras naciones.
La medida estadounidense es una muestra de «hipocresía y doble moral», al tratar a los países víctimas como si fueran los culpables.
La descertificación como castigo a la soberanía
La descertificación no es una evaluación objetiva. Es arma política en un tablero geoestratégico.
Se castiga a Colombia, que logra cifras récord de incautación, por buscar soluciones distintas a una guerra ineficaz.
Hay una profunda contradicción al exigir a otros una lucha que no se gana en casa.
El rumbo de las políticas y la concreción de las operaciones las definen engaños y montajes
La realidad importa poco.
Venezuela es un caso paradigmático: la lucha contra el narcotráfico es solo un mecanismo de terror hacia un Gobierno legítimo, democrático, pero incómodo y soberano.
La descertificación a Colombia va en igual sentido.
Lo que le molesta a Washington es la falta de supeditación de Petro a sus dictámenes.
